La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) fue aprobada el 13 de diciembre de 2013, con un triple objetivo:

• Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública.

• Reconocer y garantizar el acceso a la información.

• Establecer las obligaciones que deben cumplir los responsables públicos de un buen gobierno, así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.

Sólo podemos hablar de una administración al servicio de una sociedad crítica, exigente y participativa con los poderes públicos, cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones.